La necesidad de implementar una formación curricular modular, innovadora y flexible en el pregrado, que esté más proactivamente conectada con el desarrollo social, cultural, científico-tecnológico y productivo en nuestro país, es básica para lograr su posicionamiento y competitividad en un mundo cada día más globalizado.
En este espíritu, el nuevo modelo curricular debe promover la definición de competencias transversales en todos los planes de estudio de formación general y también una mayor flexibilidad en la formaron de la especialidad, permitiendo una cierta movilidad horizontal de los estudiantes, como también su avance hacia módulos curriculares que vinculen más ágilmente el pregrado con estudios de postgrado, en el entendido implícito de una formación continua.
La concreción de este cambio curricular, sin embargo, no es un proceso simple. La gran mayoría de los currículos de los programas de formación existentes son demasiado rígidos y su supuesta flexibilidad, reflejada en una que otra asignatura optativa, es muy relativa. Esto, porque los actuales sistemas obligan a una especialización muchas veces prematura, no permiten alternativas para diversificar el proceso formativo y además, determinan salidas unidas sin entregar calificaciones profesionales intermedias.
Para implementar una renovación curricular fructífera se necesita que las comunidades académicas tengan la voluntad y apertura suficiente para concordar principios y conceptos generales de lo que debe ser una formación de pregrado de calidad, flexible y modularmente construida. Ello, es fundamental para avanzar tanto hacia decisiones de armonización curricular como hacia adecuaciones en la reglamentación interna de nuestras universidades que posibiliten una flexibilidad y movilidad intra e interinstitucional con reconocimiento académico.
Por otra parte, también es importante revisar y replantear estos reglamentos para que estén en armonía con un modelo curricular que pueda aprovechar las ventajas de las nuevas visiones en formación superior, las mismas que ya han concretado los países más desarrollados. No es coherente con un criterio país ni con la vocación formadora no agotar las estrategias y las acciones para que los futuros profesionales que se forman en nuestras universidades no sean comparables en el ambito de sus competencias, títulos y grados con otros profesionales extranjeros con los que ya están empezando a competir.
Otro aspecto que se debe considerar en la estructuración de un nuevo currículo, de cara a la equidad, es la diversa procedencia cultural y socioeconómica de los estudiantes. Es importante poner énfasis en programas complementarios para alumnos con carencias formativas los que, entre otras estrategias, se pueden implementar tan bien con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En suma, programas con menores costos y mayor flexibilidad horaria en base a una oferta semi-presencial virtual que tenga presente la identidad y la personalización del estudiante.
Respecto del diseño e implementación de un proceso de flexibilización curricular estimo que es importante tener presente algunos criterios básicos: primero, que la flexibilización curricular materializada en nuevos currículos sea una construcción técnica académica conjunta, basada en competencias, en un contexto de cambio planificado; segundo, que las mallas curriculares innovadoras del pregrado consideren las demandas de una formación inicial y no terminal de los estudiantes; tercero, que los currículos propuestos contemplen una formación general y especifica en un área disciplinar y profesional determinada, que sea pertinente a las demandas de la sociedad y de las personas; cuarto, que los productos curriculares de las acciones de flexibilización definan las estructuras y los modos de articulación entre los diferentes programas de la institución; quinto, que los cambios curriculares planteen los niveles de autonomía de los estudiantes en el contexto de la oferta educativa de la universidad y de las redes institucionales que se generen y sexto, que la oferta universitaria considere procesos de asesoría y orientación tutorial.
En nuestra educación superior universitaria queda todavía un largo camino por recorrer en el tema de la integración y la flexibilización curricular. De hecho, si se observan los porcentajes de créditos obligatorios de las distintas carreras, se advierte que los programas de estudio son aun muy rígidos.
Esta situación responde, en muchos casos, a una realidad estructural institucional fragmentada en unidades académicas con escaso contacto e intercambio entre ellas, en que las mallas curriculares de las carreras se renuevan después de largos períodos de tiempo, y donde es frecuente la repetición de cursos con contenidos programáticos similares en las diversas unidades, incluso dentro de una misma facultad.
lunes, 21 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
Lecciones concertacionistas.
Los gobiernos de la Concertación y especialmente los últimos dos nos han dejado una serie de lecciones. Primeramente hemos asimilado la noción de que crecimiento y Concertación nunca fueron conceptos sinónimos. En segundo lugar, la noción de que con la Concertación lograríamos crecer con igualdad va quedando relegada al plano de las ilusiones juveniles. Se ha hecho evidente que los privilegios y las desigualdades más irritantes han tenido lugar durante estos gobiernos. Mientras el hijo de la señora Juanita estudia para poder optar a una beca los hijos de los ministros concertacionistas las obtienen por el solo hecho de ser hijos de tal o cual Ernesto. Y qué decir de las desigualdades que reproducen en el ámbito laboral. La Presidenta coloca a su hijo en la Cancillería y el Director de TVN coloca a su hermano en el INP. Esto solo por nombrar algunos.
A lo anterior hoy se suma que ha aflorado con toda claridad la brecha existente entre la política y sus actores y los asuntos particulares y comunes de la gente. El gobierno ciudadano se encuentra desgarrado hasta sus propios cimientos. La situación trágica de la propuesta de Bachelet se va desmoronando día a día tras las preconizaciones de miembros del gobierno y de parlamentarios adherentes. Cada día asistimos a la falta de coherencia entre la sociedad y el gobierno. La sociedad no se siente reflejada en la Concertación. Mientras la mayoría indica que algunos deben renunciar, el gobierno asumiendo su función regia de lex animata señala que la utilización de los mecanismos democráticos establecidos por él mismo es una felonía.
A pesar de que la Presidenta ya no cumple la función de ejecutora de los intransables programas partidarios de antaño, es posible advertir una visión un poco aristocrática, propia de muchos izquierdistas letrados, que se asumen superiores al resto, participes de la vanguardia y, consiguientemente, convocados a conducir las vidas de sus alienado súbditos y a administrar su libertad.
Al parecer sólo la Presidenta comprendió a cabalidad aquello del gobierno ciudadano, y sus ministro y colaboradores, al igual que nosotros, aun intentan comprenderlo. Frente a esto sólo les ha quedado lo que saben hacer, a saber, cegar el derecho del alma a respirar.
La Concertación, por extrañas razones que no se alcanzan a comprender, siente que posee la capacidad de inteligir cuál es la mejor vida que debemos vivir, y en el esfuerzo de concretizar los secretos que la providencia le ha soplado al oído, lleva a cabo políticas públicas que no sólo afectan nuestras condiciones exteriores, sino que también nuestras condiciones interiores, mermando en este punto nuestra personalidad, nuestra identidad. El objetivo final es reducirnos a un simple engranaje del mecanismo del Estado, de probar que no existimos realmente más que como expresión de las fuerzas de producción o de los interese de clase. Esto lo realiza aboliendo las diferencias en nuestro comportamiento y en nuestro mundo interior, aplastando la personalidad, la individualidad, en buenas cuentas, todo lo que nos permite desarrollarnos.
Lo que sucede es que en el interior de la Concertación habita un insondable descrédito hacia las personas y por sus capacidades. En numerosas ocasiones manifiestan intenciones de aportar a la mejora del mundo. No obstante aquello, lo que se muestra inalterable en ellos es el convencimiento de que las personas no se encuentran facultadas para determinar qué harán con sus esfuerzos, con sus capacidades; en resumen, que harán con su libertad.
Esto es la Concertación.
A lo anterior hoy se suma que ha aflorado con toda claridad la brecha existente entre la política y sus actores y los asuntos particulares y comunes de la gente. El gobierno ciudadano se encuentra desgarrado hasta sus propios cimientos. La situación trágica de la propuesta de Bachelet se va desmoronando día a día tras las preconizaciones de miembros del gobierno y de parlamentarios adherentes. Cada día asistimos a la falta de coherencia entre la sociedad y el gobierno. La sociedad no se siente reflejada en la Concertación. Mientras la mayoría indica que algunos deben renunciar, el gobierno asumiendo su función regia de lex animata señala que la utilización de los mecanismos democráticos establecidos por él mismo es una felonía.
A pesar de que la Presidenta ya no cumple la función de ejecutora de los intransables programas partidarios de antaño, es posible advertir una visión un poco aristocrática, propia de muchos izquierdistas letrados, que se asumen superiores al resto, participes de la vanguardia y, consiguientemente, convocados a conducir las vidas de sus alienado súbditos y a administrar su libertad.
Al parecer sólo la Presidenta comprendió a cabalidad aquello del gobierno ciudadano, y sus ministro y colaboradores, al igual que nosotros, aun intentan comprenderlo. Frente a esto sólo les ha quedado lo que saben hacer, a saber, cegar el derecho del alma a respirar.
La Concertación, por extrañas razones que no se alcanzan a comprender, siente que posee la capacidad de inteligir cuál es la mejor vida que debemos vivir, y en el esfuerzo de concretizar los secretos que la providencia le ha soplado al oído, lleva a cabo políticas públicas que no sólo afectan nuestras condiciones exteriores, sino que también nuestras condiciones interiores, mermando en este punto nuestra personalidad, nuestra identidad. El objetivo final es reducirnos a un simple engranaje del mecanismo del Estado, de probar que no existimos realmente más que como expresión de las fuerzas de producción o de los interese de clase. Esto lo realiza aboliendo las diferencias en nuestro comportamiento y en nuestro mundo interior, aplastando la personalidad, la individualidad, en buenas cuentas, todo lo que nos permite desarrollarnos.
Lo que sucede es que en el interior de la Concertación habita un insondable descrédito hacia las personas y por sus capacidades. En numerosas ocasiones manifiestan intenciones de aportar a la mejora del mundo. No obstante aquello, lo que se muestra inalterable en ellos es el convencimiento de que las personas no se encuentran facultadas para determinar qué harán con sus esfuerzos, con sus capacidades; en resumen, que harán con su libertad.
Esto es la Concertación.
lunes, 30 de junio de 2008
GRUPOS INTERMEDIOS Y SUBSIDIARIEDAD
Entre el hombre y el Estado existen una serie de organizaciones intermedias (mayores que las personas y menores que el Estado) libremente generadas, como son, v. gr., las juntas de vecinos, los centros de madres, los centros de padres y apoderados, los clubes deportivos, los gremios, los sindicatos y muchas otras. El hombre, aisladamente, no puede satisfacer todas sus necesidades. Tiene entonces dos alternativas: o bien acude al Estado, o bien se reúne con otros hombres para satisfacer sus requerimientos. El ideal es que opte por el último camino. Esto le permitirá aumentar su esfera de libertad (responsable y multiplicadora), puesto que, mientras participe en una mayor cantidad de actividades y en la solución de sus problemas, más libre será. Esta participación en la vida social es la que permite al ser humano lograr un mayor grado de bienestar, de realización personal, espiritual y material. Por eso el reconocimiento a los grupos intermedios fue establecido por nuestra Constitución Política, la que además, les garantiza la necesaria independencia y autonomía para que puedan cumplir los fines que le corresponden. Lo anterior se basa en el principio democrático de la anterioridad y superioridad de la persona respecto al Estado, y de que este esta al servicio de los individuos y no al revés.
En sus aplicaciones económicas las ideas arriba expuestas son llamadas principio de subsidiariedad, el que consiste en que el Estado no realice aquellas actividades que puedan efectuar los particulares. Significa, en otras palabras, que el Estado no debe competir con los particulares, no debe absorber o invadir sus papeles, ni entrometerse en sus debates e intereses, sino en cambio, el Estado debe actuar en subsidio de ellos, debe ayudarlos a realizar su existencia social, a fin de que puedan alcanzar la libertad mediante el ejercicio de papeles y de responsabilidades específicas.
La subsidiariedad no consiste solamente en que el Estado no haga lo que puedan hacer los particulares. Consiste además, en que cada uno de los grupos intermedios existentes entre el hombre y el Estado realice del modo más pleno y completo posible aquellas tareas que en función de su naturaleza le han sido encomendadas, de que sea fiel a su fin propio y peculiar, como único camino para contribuir a una sociedad libre y creadora. El Estado debe actuar sólo en tres circunstancias:
+ cuando se trate de actividades que siendo propias del ámbito de los particulares, en la practica estos no están en situación de cumplirlas;
+ cuando los particulares no cumplan de manera adecuada con las tareas que les corresponden; y
+ tratándose de tareas que los particulares estarían habilitados para cumplir, pero que por razones de seguridad de la nación es preferible que las acometa el Estado.
Dichas funciones estatales de suplencia del Estado –especialmente prioritaria en las áreas más importantes para el país- deben a la vez, ejercerse de manera que se estimule a los particulares para que aborden estas actividades o incrementen su iniciativa en ellas.
Las únicas limitantes que tiene el principio de subsidiariedad es que las actividades que acometan los particulares se encuentren dentro de su competencia y no invadan el área de otras organizaciones; además de que no atenten contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.
Ya concluyendo, el principio de subsidiariedad expresa a la vez la necesidad de conciencia social y el rol subsidiario como carácter específico del Estado.
En sus aplicaciones económicas las ideas arriba expuestas son llamadas principio de subsidiariedad, el que consiste en que el Estado no realice aquellas actividades que puedan efectuar los particulares. Significa, en otras palabras, que el Estado no debe competir con los particulares, no debe absorber o invadir sus papeles, ni entrometerse en sus debates e intereses, sino en cambio, el Estado debe actuar en subsidio de ellos, debe ayudarlos a realizar su existencia social, a fin de que puedan alcanzar la libertad mediante el ejercicio de papeles y de responsabilidades específicas.
La subsidiariedad no consiste solamente en que el Estado no haga lo que puedan hacer los particulares. Consiste además, en que cada uno de los grupos intermedios existentes entre el hombre y el Estado realice del modo más pleno y completo posible aquellas tareas que en función de su naturaleza le han sido encomendadas, de que sea fiel a su fin propio y peculiar, como único camino para contribuir a una sociedad libre y creadora. El Estado debe actuar sólo en tres circunstancias:
+ cuando se trate de actividades que siendo propias del ámbito de los particulares, en la practica estos no están en situación de cumplirlas;
+ cuando los particulares no cumplan de manera adecuada con las tareas que les corresponden; y
+ tratándose de tareas que los particulares estarían habilitados para cumplir, pero que por razones de seguridad de la nación es preferible que las acometa el Estado.
Dichas funciones estatales de suplencia del Estado –especialmente prioritaria en las áreas más importantes para el país- deben a la vez, ejercerse de manera que se estimule a los particulares para que aborden estas actividades o incrementen su iniciativa en ellas.
Las únicas limitantes que tiene el principio de subsidiariedad es que las actividades que acometan los particulares se encuentren dentro de su competencia y no invadan el área de otras organizaciones; además de que no atenten contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.
Ya concluyendo, el principio de subsidiariedad expresa a la vez la necesidad de conciencia social y el rol subsidiario como carácter específico del Estado.
lunes, 23 de junio de 2008
El Comunismo
Doctrina político social formulada en su base teórica por Marx y Friedrich Engels en la obra “El Capital” y luego elaborada en el célebre “Manifiesto Comunista” que tiempo después se materializa en acción política bajo la guía de Lenin y otros quienes logran conformar el primer Estado Comunista (1917).
El Comunismo interpreta una doctrina que consiste en la abolición del régimen capitalista y su transformación en una sociedad sin clases. Propugna como suprema aspiración la organización de las Comunas Libres regidas por el principio de “cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades”. Según la base política expuesta la interpretación que da al Capitalismo es de una doctrina monopolista e imperialista basada en el capital. La llamada “dictadura del proletariado” es el instrumento político aplicado en la URSS para liquidar la dominación social de la burguesía como etapa transitoria para la conquista del poder por la clase obrera para la organización posterior del Socialismo. El Comunismo contempla la Historia de la Humanidad desde el punto de vista de la “lucha de clases” citando a la Revolución Francesa como hija de la insurrección contra la opresión del feudalismo. Pero una vez conquistado el poder esa burguesía resultante se convierte a su vez en clase opresora mediante la fuerza que otorga la dominación económica -base de su dominación política-. Pero para convertirse en clase opresora ha debido ser inconsecuente con sus principios, bastardear las libertades que sostuvo y cerrar a las sociedades el camino hacia nuevas formas de vida. Los comunistas piensan que una auténtica democracia, esto es una democracia popular es consecuente y respetuosa de sus principios y libertades básicas, de forma progresista en la convivencia social y por lo tanto favorable a una marcha progresiva y pacífica hacia la sociedad sin clases.
Obviamente la burguesía se resistirá a perder sus privilegios, por lo tanto usando en primer lugar los mecanismos legales de aquella se le van restando los medios de producción, se hacen efectivas las expropiaciones especialmente del sector agrícola y se formulan leyes que vayan en el interés de la ideología. En segundo término se considera apelar al uso de la insurrección popular armada cuando los organismos representativos de la clase burguesa (Fuerzas Armadas y Policía) ejerzan la represión.
Este estado de cosas conforma la llamada “dictadura del proletariado” que es un régimen transitorio establecido en la URSS principalmente y ejercido por la clase obrera a través de su expresión política llamada Partido Comunista. Este es estructurado férrea y disciplinadamente en cuadros de formación integral en que militan todos los ciudadanos desde su más tierna infancia, no permitiéndose la disensión doctrinaria y eventualmente la eliminación biográfica y física de no superar el militante sus “contradicciones pequeñoburguesas” o desviacionismos, mediante la oportunidad que se le concede de practicar su “autocrítica partidaria”. El control político-policial hace el resto en virtud de una celosa labor de los cuadros vecinales, sindicales y de los organismos estatales.
El Comunismo interpreta una doctrina que consiste en la abolición del régimen capitalista y su transformación en una sociedad sin clases. Propugna como suprema aspiración la organización de las Comunas Libres regidas por el principio de “cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades”. Según la base política expuesta la interpretación que da al Capitalismo es de una doctrina monopolista e imperialista basada en el capital. La llamada “dictadura del proletariado” es el instrumento político aplicado en la URSS para liquidar la dominación social de la burguesía como etapa transitoria para la conquista del poder por la clase obrera para la organización posterior del Socialismo. El Comunismo contempla la Historia de la Humanidad desde el punto de vista de la “lucha de clases” citando a la Revolución Francesa como hija de la insurrección contra la opresión del feudalismo. Pero una vez conquistado el poder esa burguesía resultante se convierte a su vez en clase opresora mediante la fuerza que otorga la dominación económica -base de su dominación política-. Pero para convertirse en clase opresora ha debido ser inconsecuente con sus principios, bastardear las libertades que sostuvo y cerrar a las sociedades el camino hacia nuevas formas de vida. Los comunistas piensan que una auténtica democracia, esto es una democracia popular es consecuente y respetuosa de sus principios y libertades básicas, de forma progresista en la convivencia social y por lo tanto favorable a una marcha progresiva y pacífica hacia la sociedad sin clases.
Obviamente la burguesía se resistirá a perder sus privilegios, por lo tanto usando en primer lugar los mecanismos legales de aquella se le van restando los medios de producción, se hacen efectivas las expropiaciones especialmente del sector agrícola y se formulan leyes que vayan en el interés de la ideología. En segundo término se considera apelar al uso de la insurrección popular armada cuando los organismos representativos de la clase burguesa (Fuerzas Armadas y Policía) ejerzan la represión.
Este estado de cosas conforma la llamada “dictadura del proletariado” que es un régimen transitorio establecido en la URSS principalmente y ejercido por la clase obrera a través de su expresión política llamada Partido Comunista. Este es estructurado férrea y disciplinadamente en cuadros de formación integral en que militan todos los ciudadanos desde su más tierna infancia, no permitiéndose la disensión doctrinaria y eventualmente la eliminación biográfica y física de no superar el militante sus “contradicciones pequeñoburguesas” o desviacionismos, mediante la oportunidad que se le concede de practicar su “autocrítica partidaria”. El control político-policial hace el resto en virtud de una celosa labor de los cuadros vecinales, sindicales y de los organismos estatales.
lunes, 16 de junio de 2008
NO MÁS CASAS DEL ESTADO
El Estado –no sólo el nuestro- ha demostrado ser un actor poco eficaz en la tarea de dar casa a los que no la tienen. Luego de los cortes de cinta aparecen los naylons, los calafateos, al año siguiente los recubrimientos de zinq, que en el mejor de los casos será prepintado. En el peor, la única solución es la demolición.
En cambio, cuando un ciudadano compra una vivienda libremente
–en vez de ser asignada por un funcionario detrás de una ventanilla del ministerio- puede elegir la comuna, sector, barrio, condominio, edificio, e incluso la unidad que mejor le satisfaga, y en caso de incumplimiento el problema será entre dos particulares.
Si el propietario primer vendedor es, en cambio, el Estado, el servicio de postventa, la posibilidad de querellarse o alguna otra forma de expresar inconformidad queda sujeta a la posibilidad de llegar a la oficina del ministro o de aparecer ante las cámaras de los noticiarios.
Por lo tanto, teniendo presente que el Estado destina una cantidad “x” de recursos por cada tipo de familia, proponemos asignar esos mismos montos a la manera de bono o cheque exclusivamente para la vivienda, documento que les permitiría pagar la compra de un bien raíz.
De esta forma, las familias podrán elegir libremente su comuna, barrio y unidad de residencia, evitando la disgregación de los clanes familiares, los vínculos ciudadanos, las relaciones sociales, etcétera. Se evita que el Estado deba asumir el costo de las obras de reparación y se permite que la familia decida si prefiere hacer un esfuerzo extra para adquirir una vivienda más grande o de mejor calidad o si, por el contrario, prefiere restringirse y utilizar el excedente para mejorar la calidad de las terminaciones.
Mientras más pequeño el aparato estatal, mientras menos burocracia sea necesaria para servir a nuestros clientes, mientras más sea el Estado un juez y menos parte, distribuirá los mismos pesos por familia, pero disminuirán sus gastos administrativos y aumentará la confianza de los ciudadanos.
En cambio, cuando un ciudadano compra una vivienda libremente
–en vez de ser asignada por un funcionario detrás de una ventanilla del ministerio- puede elegir la comuna, sector, barrio, condominio, edificio, e incluso la unidad que mejor le satisfaga, y en caso de incumplimiento el problema será entre dos particulares.
Si el propietario primer vendedor es, en cambio, el Estado, el servicio de postventa, la posibilidad de querellarse o alguna otra forma de expresar inconformidad queda sujeta a la posibilidad de llegar a la oficina del ministro o de aparecer ante las cámaras de los noticiarios.
Por lo tanto, teniendo presente que el Estado destina una cantidad “x” de recursos por cada tipo de familia, proponemos asignar esos mismos montos a la manera de bono o cheque exclusivamente para la vivienda, documento que les permitiría pagar la compra de un bien raíz.
De esta forma, las familias podrán elegir libremente su comuna, barrio y unidad de residencia, evitando la disgregación de los clanes familiares, los vínculos ciudadanos, las relaciones sociales, etcétera. Se evita que el Estado deba asumir el costo de las obras de reparación y se permite que la familia decida si prefiere hacer un esfuerzo extra para adquirir una vivienda más grande o de mejor calidad o si, por el contrario, prefiere restringirse y utilizar el excedente para mejorar la calidad de las terminaciones.
Mientras más pequeño el aparato estatal, mientras menos burocracia sea necesaria para servir a nuestros clientes, mientras más sea el Estado un juez y menos parte, distribuirá los mismos pesos por familia, pero disminuirán sus gastos administrativos y aumentará la confianza de los ciudadanos.
sábado, 7 de junio de 2008
DEBATE PREVISIONAL
Hoy el sistema previsional se encuentra totalmente consolidado. Existe un apoyo transversal a cada uno de los pilares que sustentan el sistema desde su instauración, como son: la contribución definida, que implica que cada trabajador destina un porcentaje (10% de la remuneración mensual imponible) al ahorro para su jubilación, la administración privada de los fondos, la regulación estatal pro-afiliado y la transición.
Los puntos más débiles del sistema han sido las críticas que injustamente ha recibido, lo que ha llevado a afectar la credibilidad que ciertas personas tienen en este modelo. El modelo en sí no promete una pensión, es un error que comete mucha gente. El sistema es como un BMW, extraordinario, pero requiere combustible. No puede ser una crítica al modelo decir que este es responsable de las bajas pensiones que obtendrán algunos trabajadores. El modelo esta pensado para personas que coticen durante la mayor parte de su vida laboral, no dos o tres años. Eso es consecuencia del desempleo y la informalidad en el mercado laboral. No cabe endosarle los problemas estructurales de la economía y del mercado laboral al sistema previsional.
¿Qué hacer en los próximos 25 años? Mis propuestas contemplan cuatro áreas:
1.- Fin de cláusulas de transición: Se pusieron barreras tremendas, pero es obvio que hoy se pueden ir eliminando porque ya han pasado casi 26 años. Ello ayudaría a un menor costo y a una mayor flexibilidad.
El primer cambio pasa por permitir a las AFP la más amplia subcontratación de servicios.
Segundo, permitir que más y nuevos actores sean operadores de AFP. Debemos terminar con falsas discusiones, puesto que grupos bancarios ya son dueños de administradoras en el país (Planvital, Banca della Svizzera Italiana; Santander, BBVA), a lo que deben sumarse los bancos chilenos, pero en la medida que creen filiales con giro único, lo que implica no tener directores compartidos, medida aplicada a las actuales AFP filiales de bancos en el exterior. No creemos que una AFP pueda estar dentro de un banco, eso va a confundir los fondos, va a producir conflictos de interés.
Tercero, eliminar los topes para la inversión de las AFP en el exterior. Los límites impuestos por la autoridad las obligan a invertir sus recursos en negocios que muchas veces ni siquiera hubiesen considerado. Este limite asfixia a las AFP, convirtiéndolas en un bombín que infla los precios de las acciones y bonos locales, perjudicando finalmente a los afiliados.
2.- Ajustes: Lo primero en esta línea, es parametrizar edades de retiro, es decir, dejar constancia en la ley lo qué pasará con la jubilación en la medida que cambian las expectativas de vida. Si vamos a vivir más, hay que trabajar más o ahorrar más.
Como segundo punto proponemos la incorporación de las Fuerzas Armadas al sistema de pensiones, ya que están absorbiendo la quinta parte del gasto total del fisco en seguridad social. El personal de las FF.AA realiza un aporte de su remuneración para su previsión. Sin embargo, estos montos no alcanzan a cubrir las necesidades de pensiones, por lo que el déficit cada año es cubierto por el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Y por último, se debe pensar cómo lograr que coticen los trabajadores independientes. Actualmente, el 7% de los trabajadores independientes cotizan en una AFP porque no existen incentivos para hacerlo. Algunas propuestas que van a favor de la incorporación de este sector pueden ser la extensión de los beneficios tributarios como la cotización sobre sus ingresos brutos, con lo cual su carga tributaria sería menor. Esto es homologar la condición con los dependientes. Otras medidas que apuntan hacia la homologación son la entrega del beneficio de asignación familiar a las cargas de estos trabajadores; la posibilidad de afiliarse a Cajas de Compensación y la protección contra accidentes del trabajo. Todos beneficios de los cuales los independientes están privados.
3.- Independencia de la Superintendencia de AFP: Autónoma, al estilo del Banco Central.
4.- Madurez provisional: Llegará el momento en que los chilenos, con la informaron y la capacidad de análisis suficientes, podremos tomar decisiones que resulten clave para nuestra futura pensión, aunque siempre sujetos a límites legales; en un contexto donde también aumentará el componente voluntario de ahorro.
Los puntos más débiles del sistema han sido las críticas que injustamente ha recibido, lo que ha llevado a afectar la credibilidad que ciertas personas tienen en este modelo. El modelo en sí no promete una pensión, es un error que comete mucha gente. El sistema es como un BMW, extraordinario, pero requiere combustible. No puede ser una crítica al modelo decir que este es responsable de las bajas pensiones que obtendrán algunos trabajadores. El modelo esta pensado para personas que coticen durante la mayor parte de su vida laboral, no dos o tres años. Eso es consecuencia del desempleo y la informalidad en el mercado laboral. No cabe endosarle los problemas estructurales de la economía y del mercado laboral al sistema previsional.
¿Qué hacer en los próximos 25 años? Mis propuestas contemplan cuatro áreas:
1.- Fin de cláusulas de transición: Se pusieron barreras tremendas, pero es obvio que hoy se pueden ir eliminando porque ya han pasado casi 26 años. Ello ayudaría a un menor costo y a una mayor flexibilidad.
El primer cambio pasa por permitir a las AFP la más amplia subcontratación de servicios.
Segundo, permitir que más y nuevos actores sean operadores de AFP. Debemos terminar con falsas discusiones, puesto que grupos bancarios ya son dueños de administradoras en el país (Planvital, Banca della Svizzera Italiana; Santander, BBVA), a lo que deben sumarse los bancos chilenos, pero en la medida que creen filiales con giro único, lo que implica no tener directores compartidos, medida aplicada a las actuales AFP filiales de bancos en el exterior. No creemos que una AFP pueda estar dentro de un banco, eso va a confundir los fondos, va a producir conflictos de interés.
Tercero, eliminar los topes para la inversión de las AFP en el exterior. Los límites impuestos por la autoridad las obligan a invertir sus recursos en negocios que muchas veces ni siquiera hubiesen considerado. Este limite asfixia a las AFP, convirtiéndolas en un bombín que infla los precios de las acciones y bonos locales, perjudicando finalmente a los afiliados.
2.- Ajustes: Lo primero en esta línea, es parametrizar edades de retiro, es decir, dejar constancia en la ley lo qué pasará con la jubilación en la medida que cambian las expectativas de vida. Si vamos a vivir más, hay que trabajar más o ahorrar más.
Como segundo punto proponemos la incorporación de las Fuerzas Armadas al sistema de pensiones, ya que están absorbiendo la quinta parte del gasto total del fisco en seguridad social. El personal de las FF.AA realiza un aporte de su remuneración para su previsión. Sin embargo, estos montos no alcanzan a cubrir las necesidades de pensiones, por lo que el déficit cada año es cubierto por el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Y por último, se debe pensar cómo lograr que coticen los trabajadores independientes. Actualmente, el 7% de los trabajadores independientes cotizan en una AFP porque no existen incentivos para hacerlo. Algunas propuestas que van a favor de la incorporación de este sector pueden ser la extensión de los beneficios tributarios como la cotización sobre sus ingresos brutos, con lo cual su carga tributaria sería menor. Esto es homologar la condición con los dependientes. Otras medidas que apuntan hacia la homologación son la entrega del beneficio de asignación familiar a las cargas de estos trabajadores; la posibilidad de afiliarse a Cajas de Compensación y la protección contra accidentes del trabajo. Todos beneficios de los cuales los independientes están privados.
3.- Independencia de la Superintendencia de AFP: Autónoma, al estilo del Banco Central.
4.- Madurez provisional: Llegará el momento en que los chilenos, con la informaron y la capacidad de análisis suficientes, podremos tomar decisiones que resulten clave para nuestra futura pensión, aunque siempre sujetos a límites legales; en un contexto donde también aumentará el componente voluntario de ahorro.
jueves, 29 de mayo de 2008
POBREZA CONVENTUAL.
Los museos son un tema tardío en la cultura chilena. Chile, a diferencia de países precolombinos ricos en artes y artesanías, y sin la inmigración abrumadora que tuvo Argentina de italianos productivos, parecía el heredero más directo de esa España que desprecia todo canto se trabaja con las manos.
Lo cierto es que, salvo Don Benjamín Vicuña Mackenna y un puñado más, Chile avanzó varis décadas dando su espalda a los objetos precolombinos y coloniales, perdiendo la oportunidad de consolidar u patrimonio de peso. Por eso se debe ir a Suecia a conocer las dalcas australes –proeza del diseño náutico-, o a Inglaterra en busca de la estatuaria mapuche. Recién en los años ‘70 advertimos un cambio cultural. El gobierno del Presidente Augusto Pinochet, en aras de rescatar el Chile histórico, aportará iniciativas (especialmente el Museo Histórico Nacional en su traslado a la Plaza de Armas), que reivindican el pasado nacional. La Izquierda, por su parte, en su acercamiento al mundo popular y a los pueblos originarios, también aprenderá a valorar los productos de la materia. La multiplicación de carreras universitarias e institutos profesionales aportará lo suyo, personal mejor capacitado para conservar, administrar y gestionar recursos. Sin embargo, luego de 1990 ni los gobiernos de la Concertación ni los personeros de la Alianza se han caracterizado por apoyar proyectos relacionados. Las razones pueden ser muy atendibles, las urgencias económicas y sociales eran y son acuciantes, pero no han tenido un compromiso que, en otras latitudes, ha impulsado el apoyo del mundo privado.
En la gran mayoría de los países, el aporte privado e fundamental. En otras palabras, los museos son un campo de expresión de los valores de una sociedad: salvar esos patrimonios que encarnan rasgos de identidad colectiva.
Ojalá que los deseos de la Dirección de Bibliotecas y Museos encuentren eco de aquí al Bicentenario. Que el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuesto sean más sensibles, dada la bonanza del cobre, y que los alcaldes incluyan los museos en sus agendas. Pero, finalmente, el peso recae en la sociedad.
Si no conocemos el pasado común, los hilos de nuestra historia que llevan al presente, los valores y logros de otras comunidades, no nos extrañemos que nuestro sentido de identidad y pertenencia sea bajo. O que, spray en mano, se agreda el patrimonio tangible.
Los museos nacieron para ostentar trofeos obtenidos tras triunfar sobre un enemigo, el botín de guerra que exaltaba el orgullo local; forjaban su identidad. Hoy son testigos de una lucha entra el tiempo, ese que corroe las paginas de los libros, el óleo de los retratos y hasta os mármoles.
Pero el mensaje final es similar, conocer al hombre en sus objetos, sentir la pertenencia a una comunidad, ir más allá de uno mismo, decirle al viajero quiénes somos.
Lo cierto es que, salvo Don Benjamín Vicuña Mackenna y un puñado más, Chile avanzó varis décadas dando su espalda a los objetos precolombinos y coloniales, perdiendo la oportunidad de consolidar u patrimonio de peso. Por eso se debe ir a Suecia a conocer las dalcas australes –proeza del diseño náutico-, o a Inglaterra en busca de la estatuaria mapuche. Recién en los años ‘70 advertimos un cambio cultural. El gobierno del Presidente Augusto Pinochet, en aras de rescatar el Chile histórico, aportará iniciativas (especialmente el Museo Histórico Nacional en su traslado a la Plaza de Armas), que reivindican el pasado nacional. La Izquierda, por su parte, en su acercamiento al mundo popular y a los pueblos originarios, también aprenderá a valorar los productos de la materia. La multiplicación de carreras universitarias e institutos profesionales aportará lo suyo, personal mejor capacitado para conservar, administrar y gestionar recursos. Sin embargo, luego de 1990 ni los gobiernos de la Concertación ni los personeros de la Alianza se han caracterizado por apoyar proyectos relacionados. Las razones pueden ser muy atendibles, las urgencias económicas y sociales eran y son acuciantes, pero no han tenido un compromiso que, en otras latitudes, ha impulsado el apoyo del mundo privado.
En la gran mayoría de los países, el aporte privado e fundamental. En otras palabras, los museos son un campo de expresión de los valores de una sociedad: salvar esos patrimonios que encarnan rasgos de identidad colectiva.
Ojalá que los deseos de la Dirección de Bibliotecas y Museos encuentren eco de aquí al Bicentenario. Que el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuesto sean más sensibles, dada la bonanza del cobre, y que los alcaldes incluyan los museos en sus agendas. Pero, finalmente, el peso recae en la sociedad.
Si no conocemos el pasado común, los hilos de nuestra historia que llevan al presente, los valores y logros de otras comunidades, no nos extrañemos que nuestro sentido de identidad y pertenencia sea bajo. O que, spray en mano, se agreda el patrimonio tangible.
Los museos nacieron para ostentar trofeos obtenidos tras triunfar sobre un enemigo, el botín de guerra que exaltaba el orgullo local; forjaban su identidad. Hoy son testigos de una lucha entra el tiempo, ese que corroe las paginas de los libros, el óleo de los retratos y hasta os mármoles.
Pero el mensaje final es similar, conocer al hombre en sus objetos, sentir la pertenencia a una comunidad, ir más allá de uno mismo, decirle al viajero quiénes somos.
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