Entre el hombre y el Estado existen una serie de organizaciones intermedias (mayores que las personas y menores que el Estado) libremente generadas, como son, v. gr., las juntas de vecinos, los centros de madres, los centros de padres y apoderados, los clubes deportivos, los gremios, los sindicatos y muchas otras. El hombre, aisladamente, no puede satisfacer todas sus necesidades. Tiene entonces dos alternativas: o bien acude al Estado, o bien se reúne con otros hombres para satisfacer sus requerimientos. El ideal es que opte por el último camino. Esto le permitirá aumentar su esfera de libertad (responsable y multiplicadora), puesto que, mientras participe en una mayor cantidad de actividades y en la solución de sus problemas, más libre será. Esta participación en la vida social es la que permite al ser humano lograr un mayor grado de bienestar, de realización personal, espiritual y material. Por eso el reconocimiento a los grupos intermedios fue establecido por nuestra Constitución Política, la que además, les garantiza la necesaria independencia y autonomía para que puedan cumplir los fines que le corresponden. Lo anterior se basa en el principio democrático de la anterioridad y superioridad de la persona respecto al Estado, y de que este esta al servicio de los individuos y no al revés.
En sus aplicaciones económicas las ideas arriba expuestas son llamadas principio de subsidiariedad, el que consiste en que el Estado no realice aquellas actividades que puedan efectuar los particulares. Significa, en otras palabras, que el Estado no debe competir con los particulares, no debe absorber o invadir sus papeles, ni entrometerse en sus debates e intereses, sino en cambio, el Estado debe actuar en subsidio de ellos, debe ayudarlos a realizar su existencia social, a fin de que puedan alcanzar la libertad mediante el ejercicio de papeles y de responsabilidades específicas.
La subsidiariedad no consiste solamente en que el Estado no haga lo que puedan hacer los particulares. Consiste además, en que cada uno de los grupos intermedios existentes entre el hombre y el Estado realice del modo más pleno y completo posible aquellas tareas que en función de su naturaleza le han sido encomendadas, de que sea fiel a su fin propio y peculiar, como único camino para contribuir a una sociedad libre y creadora. El Estado debe actuar sólo en tres circunstancias:
+ cuando se trate de actividades que siendo propias del ámbito de los particulares, en la practica estos no están en situación de cumplirlas;
+ cuando los particulares no cumplan de manera adecuada con las tareas que les corresponden; y
+ tratándose de tareas que los particulares estarían habilitados para cumplir, pero que por razones de seguridad de la nación es preferible que las acometa el Estado.
Dichas funciones estatales de suplencia del Estado –especialmente prioritaria en las áreas más importantes para el país- deben a la vez, ejercerse de manera que se estimule a los particulares para que aborden estas actividades o incrementen su iniciativa en ellas.
Las únicas limitantes que tiene el principio de subsidiariedad es que las actividades que acometan los particulares se encuentren dentro de su competencia y no invadan el área de otras organizaciones; además de que no atenten contra la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.
Ya concluyendo, el principio de subsidiariedad expresa a la vez la necesidad de conciencia social y el rol subsidiario como carácter específico del Estado.
lunes, 30 de junio de 2008
lunes, 23 de junio de 2008
El Comunismo
Doctrina político social formulada en su base teórica por Marx y Friedrich Engels en la obra “El Capital” y luego elaborada en el célebre “Manifiesto Comunista” que tiempo después se materializa en acción política bajo la guía de Lenin y otros quienes logran conformar el primer Estado Comunista (1917).
El Comunismo interpreta una doctrina que consiste en la abolición del régimen capitalista y su transformación en una sociedad sin clases. Propugna como suprema aspiración la organización de las Comunas Libres regidas por el principio de “cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades”. Según la base política expuesta la interpretación que da al Capitalismo es de una doctrina monopolista e imperialista basada en el capital. La llamada “dictadura del proletariado” es el instrumento político aplicado en la URSS para liquidar la dominación social de la burguesía como etapa transitoria para la conquista del poder por la clase obrera para la organización posterior del Socialismo. El Comunismo contempla la Historia de la Humanidad desde el punto de vista de la “lucha de clases” citando a la Revolución Francesa como hija de la insurrección contra la opresión del feudalismo. Pero una vez conquistado el poder esa burguesía resultante se convierte a su vez en clase opresora mediante la fuerza que otorga la dominación económica -base de su dominación política-. Pero para convertirse en clase opresora ha debido ser inconsecuente con sus principios, bastardear las libertades que sostuvo y cerrar a las sociedades el camino hacia nuevas formas de vida. Los comunistas piensan que una auténtica democracia, esto es una democracia popular es consecuente y respetuosa de sus principios y libertades básicas, de forma progresista en la convivencia social y por lo tanto favorable a una marcha progresiva y pacífica hacia la sociedad sin clases.
Obviamente la burguesía se resistirá a perder sus privilegios, por lo tanto usando en primer lugar los mecanismos legales de aquella se le van restando los medios de producción, se hacen efectivas las expropiaciones especialmente del sector agrícola y se formulan leyes que vayan en el interés de la ideología. En segundo término se considera apelar al uso de la insurrección popular armada cuando los organismos representativos de la clase burguesa (Fuerzas Armadas y Policía) ejerzan la represión.
Este estado de cosas conforma la llamada “dictadura del proletariado” que es un régimen transitorio establecido en la URSS principalmente y ejercido por la clase obrera a través de su expresión política llamada Partido Comunista. Este es estructurado férrea y disciplinadamente en cuadros de formación integral en que militan todos los ciudadanos desde su más tierna infancia, no permitiéndose la disensión doctrinaria y eventualmente la eliminación biográfica y física de no superar el militante sus “contradicciones pequeñoburguesas” o desviacionismos, mediante la oportunidad que se le concede de practicar su “autocrítica partidaria”. El control político-policial hace el resto en virtud de una celosa labor de los cuadros vecinales, sindicales y de los organismos estatales.
El Comunismo interpreta una doctrina que consiste en la abolición del régimen capitalista y su transformación en una sociedad sin clases. Propugna como suprema aspiración la organización de las Comunas Libres regidas por el principio de “cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades”. Según la base política expuesta la interpretación que da al Capitalismo es de una doctrina monopolista e imperialista basada en el capital. La llamada “dictadura del proletariado” es el instrumento político aplicado en la URSS para liquidar la dominación social de la burguesía como etapa transitoria para la conquista del poder por la clase obrera para la organización posterior del Socialismo. El Comunismo contempla la Historia de la Humanidad desde el punto de vista de la “lucha de clases” citando a la Revolución Francesa como hija de la insurrección contra la opresión del feudalismo. Pero una vez conquistado el poder esa burguesía resultante se convierte a su vez en clase opresora mediante la fuerza que otorga la dominación económica -base de su dominación política-. Pero para convertirse en clase opresora ha debido ser inconsecuente con sus principios, bastardear las libertades que sostuvo y cerrar a las sociedades el camino hacia nuevas formas de vida. Los comunistas piensan que una auténtica democracia, esto es una democracia popular es consecuente y respetuosa de sus principios y libertades básicas, de forma progresista en la convivencia social y por lo tanto favorable a una marcha progresiva y pacífica hacia la sociedad sin clases.
Obviamente la burguesía se resistirá a perder sus privilegios, por lo tanto usando en primer lugar los mecanismos legales de aquella se le van restando los medios de producción, se hacen efectivas las expropiaciones especialmente del sector agrícola y se formulan leyes que vayan en el interés de la ideología. En segundo término se considera apelar al uso de la insurrección popular armada cuando los organismos representativos de la clase burguesa (Fuerzas Armadas y Policía) ejerzan la represión.
Este estado de cosas conforma la llamada “dictadura del proletariado” que es un régimen transitorio establecido en la URSS principalmente y ejercido por la clase obrera a través de su expresión política llamada Partido Comunista. Este es estructurado férrea y disciplinadamente en cuadros de formación integral en que militan todos los ciudadanos desde su más tierna infancia, no permitiéndose la disensión doctrinaria y eventualmente la eliminación biográfica y física de no superar el militante sus “contradicciones pequeñoburguesas” o desviacionismos, mediante la oportunidad que se le concede de practicar su “autocrítica partidaria”. El control político-policial hace el resto en virtud de una celosa labor de los cuadros vecinales, sindicales y de los organismos estatales.
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lunes, 16 de junio de 2008
NO MÁS CASAS DEL ESTADO
El Estado –no sólo el nuestro- ha demostrado ser un actor poco eficaz en la tarea de dar casa a los que no la tienen. Luego de los cortes de cinta aparecen los naylons, los calafateos, al año siguiente los recubrimientos de zinq, que en el mejor de los casos será prepintado. En el peor, la única solución es la demolición.
En cambio, cuando un ciudadano compra una vivienda libremente
–en vez de ser asignada por un funcionario detrás de una ventanilla del ministerio- puede elegir la comuna, sector, barrio, condominio, edificio, e incluso la unidad que mejor le satisfaga, y en caso de incumplimiento el problema será entre dos particulares.
Si el propietario primer vendedor es, en cambio, el Estado, el servicio de postventa, la posibilidad de querellarse o alguna otra forma de expresar inconformidad queda sujeta a la posibilidad de llegar a la oficina del ministro o de aparecer ante las cámaras de los noticiarios.
Por lo tanto, teniendo presente que el Estado destina una cantidad “x” de recursos por cada tipo de familia, proponemos asignar esos mismos montos a la manera de bono o cheque exclusivamente para la vivienda, documento que les permitiría pagar la compra de un bien raíz.
De esta forma, las familias podrán elegir libremente su comuna, barrio y unidad de residencia, evitando la disgregación de los clanes familiares, los vínculos ciudadanos, las relaciones sociales, etcétera. Se evita que el Estado deba asumir el costo de las obras de reparación y se permite que la familia decida si prefiere hacer un esfuerzo extra para adquirir una vivienda más grande o de mejor calidad o si, por el contrario, prefiere restringirse y utilizar el excedente para mejorar la calidad de las terminaciones.
Mientras más pequeño el aparato estatal, mientras menos burocracia sea necesaria para servir a nuestros clientes, mientras más sea el Estado un juez y menos parte, distribuirá los mismos pesos por familia, pero disminuirán sus gastos administrativos y aumentará la confianza de los ciudadanos.
En cambio, cuando un ciudadano compra una vivienda libremente
–en vez de ser asignada por un funcionario detrás de una ventanilla del ministerio- puede elegir la comuna, sector, barrio, condominio, edificio, e incluso la unidad que mejor le satisfaga, y en caso de incumplimiento el problema será entre dos particulares.
Si el propietario primer vendedor es, en cambio, el Estado, el servicio de postventa, la posibilidad de querellarse o alguna otra forma de expresar inconformidad queda sujeta a la posibilidad de llegar a la oficina del ministro o de aparecer ante las cámaras de los noticiarios.
Por lo tanto, teniendo presente que el Estado destina una cantidad “x” de recursos por cada tipo de familia, proponemos asignar esos mismos montos a la manera de bono o cheque exclusivamente para la vivienda, documento que les permitiría pagar la compra de un bien raíz.
De esta forma, las familias podrán elegir libremente su comuna, barrio y unidad de residencia, evitando la disgregación de los clanes familiares, los vínculos ciudadanos, las relaciones sociales, etcétera. Se evita que el Estado deba asumir el costo de las obras de reparación y se permite que la familia decida si prefiere hacer un esfuerzo extra para adquirir una vivienda más grande o de mejor calidad o si, por el contrario, prefiere restringirse y utilizar el excedente para mejorar la calidad de las terminaciones.
Mientras más pequeño el aparato estatal, mientras menos burocracia sea necesaria para servir a nuestros clientes, mientras más sea el Estado un juez y menos parte, distribuirá los mismos pesos por familia, pero disminuirán sus gastos administrativos y aumentará la confianza de los ciudadanos.
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sábado, 7 de junio de 2008
DEBATE PREVISIONAL
Hoy el sistema previsional se encuentra totalmente consolidado. Existe un apoyo transversal a cada uno de los pilares que sustentan el sistema desde su instauración, como son: la contribución definida, que implica que cada trabajador destina un porcentaje (10% de la remuneración mensual imponible) al ahorro para su jubilación, la administración privada de los fondos, la regulación estatal pro-afiliado y la transición.
Los puntos más débiles del sistema han sido las críticas que injustamente ha recibido, lo que ha llevado a afectar la credibilidad que ciertas personas tienen en este modelo. El modelo en sí no promete una pensión, es un error que comete mucha gente. El sistema es como un BMW, extraordinario, pero requiere combustible. No puede ser una crítica al modelo decir que este es responsable de las bajas pensiones que obtendrán algunos trabajadores. El modelo esta pensado para personas que coticen durante la mayor parte de su vida laboral, no dos o tres años. Eso es consecuencia del desempleo y la informalidad en el mercado laboral. No cabe endosarle los problemas estructurales de la economía y del mercado laboral al sistema previsional.
¿Qué hacer en los próximos 25 años? Mis propuestas contemplan cuatro áreas:
1.- Fin de cláusulas de transición: Se pusieron barreras tremendas, pero es obvio que hoy se pueden ir eliminando porque ya han pasado casi 26 años. Ello ayudaría a un menor costo y a una mayor flexibilidad.
El primer cambio pasa por permitir a las AFP la más amplia subcontratación de servicios.
Segundo, permitir que más y nuevos actores sean operadores de AFP. Debemos terminar con falsas discusiones, puesto que grupos bancarios ya son dueños de administradoras en el país (Planvital, Banca della Svizzera Italiana; Santander, BBVA), a lo que deben sumarse los bancos chilenos, pero en la medida que creen filiales con giro único, lo que implica no tener directores compartidos, medida aplicada a las actuales AFP filiales de bancos en el exterior. No creemos que una AFP pueda estar dentro de un banco, eso va a confundir los fondos, va a producir conflictos de interés.
Tercero, eliminar los topes para la inversión de las AFP en el exterior. Los límites impuestos por la autoridad las obligan a invertir sus recursos en negocios que muchas veces ni siquiera hubiesen considerado. Este limite asfixia a las AFP, convirtiéndolas en un bombín que infla los precios de las acciones y bonos locales, perjudicando finalmente a los afiliados.
2.- Ajustes: Lo primero en esta línea, es parametrizar edades de retiro, es decir, dejar constancia en la ley lo qué pasará con la jubilación en la medida que cambian las expectativas de vida. Si vamos a vivir más, hay que trabajar más o ahorrar más.
Como segundo punto proponemos la incorporación de las Fuerzas Armadas al sistema de pensiones, ya que están absorbiendo la quinta parte del gasto total del fisco en seguridad social. El personal de las FF.AA realiza un aporte de su remuneración para su previsión. Sin embargo, estos montos no alcanzan a cubrir las necesidades de pensiones, por lo que el déficit cada año es cubierto por el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Y por último, se debe pensar cómo lograr que coticen los trabajadores independientes. Actualmente, el 7% de los trabajadores independientes cotizan en una AFP porque no existen incentivos para hacerlo. Algunas propuestas que van a favor de la incorporación de este sector pueden ser la extensión de los beneficios tributarios como la cotización sobre sus ingresos brutos, con lo cual su carga tributaria sería menor. Esto es homologar la condición con los dependientes. Otras medidas que apuntan hacia la homologación son la entrega del beneficio de asignación familiar a las cargas de estos trabajadores; la posibilidad de afiliarse a Cajas de Compensación y la protección contra accidentes del trabajo. Todos beneficios de los cuales los independientes están privados.
3.- Independencia de la Superintendencia de AFP: Autónoma, al estilo del Banco Central.
4.- Madurez provisional: Llegará el momento en que los chilenos, con la informaron y la capacidad de análisis suficientes, podremos tomar decisiones que resulten clave para nuestra futura pensión, aunque siempre sujetos a límites legales; en un contexto donde también aumentará el componente voluntario de ahorro.
Los puntos más débiles del sistema han sido las críticas que injustamente ha recibido, lo que ha llevado a afectar la credibilidad que ciertas personas tienen en este modelo. El modelo en sí no promete una pensión, es un error que comete mucha gente. El sistema es como un BMW, extraordinario, pero requiere combustible. No puede ser una crítica al modelo decir que este es responsable de las bajas pensiones que obtendrán algunos trabajadores. El modelo esta pensado para personas que coticen durante la mayor parte de su vida laboral, no dos o tres años. Eso es consecuencia del desempleo y la informalidad en el mercado laboral. No cabe endosarle los problemas estructurales de la economía y del mercado laboral al sistema previsional.
¿Qué hacer en los próximos 25 años? Mis propuestas contemplan cuatro áreas:
1.- Fin de cláusulas de transición: Se pusieron barreras tremendas, pero es obvio que hoy se pueden ir eliminando porque ya han pasado casi 26 años. Ello ayudaría a un menor costo y a una mayor flexibilidad.
El primer cambio pasa por permitir a las AFP la más amplia subcontratación de servicios.
Segundo, permitir que más y nuevos actores sean operadores de AFP. Debemos terminar con falsas discusiones, puesto que grupos bancarios ya son dueños de administradoras en el país (Planvital, Banca della Svizzera Italiana; Santander, BBVA), a lo que deben sumarse los bancos chilenos, pero en la medida que creen filiales con giro único, lo que implica no tener directores compartidos, medida aplicada a las actuales AFP filiales de bancos en el exterior. No creemos que una AFP pueda estar dentro de un banco, eso va a confundir los fondos, va a producir conflictos de interés.
Tercero, eliminar los topes para la inversión de las AFP en el exterior. Los límites impuestos por la autoridad las obligan a invertir sus recursos en negocios que muchas veces ni siquiera hubiesen considerado. Este limite asfixia a las AFP, convirtiéndolas en un bombín que infla los precios de las acciones y bonos locales, perjudicando finalmente a los afiliados.
2.- Ajustes: Lo primero en esta línea, es parametrizar edades de retiro, es decir, dejar constancia en la ley lo qué pasará con la jubilación en la medida que cambian las expectativas de vida. Si vamos a vivir más, hay que trabajar más o ahorrar más.
Como segundo punto proponemos la incorporación de las Fuerzas Armadas al sistema de pensiones, ya que están absorbiendo la quinta parte del gasto total del fisco en seguridad social. El personal de las FF.AA realiza un aporte de su remuneración para su previsión. Sin embargo, estos montos no alcanzan a cubrir las necesidades de pensiones, por lo que el déficit cada año es cubierto por el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Y por último, se debe pensar cómo lograr que coticen los trabajadores independientes. Actualmente, el 7% de los trabajadores independientes cotizan en una AFP porque no existen incentivos para hacerlo. Algunas propuestas que van a favor de la incorporación de este sector pueden ser la extensión de los beneficios tributarios como la cotización sobre sus ingresos brutos, con lo cual su carga tributaria sería menor. Esto es homologar la condición con los dependientes. Otras medidas que apuntan hacia la homologación son la entrega del beneficio de asignación familiar a las cargas de estos trabajadores; la posibilidad de afiliarse a Cajas de Compensación y la protección contra accidentes del trabajo. Todos beneficios de los cuales los independientes están privados.
3.- Independencia de la Superintendencia de AFP: Autónoma, al estilo del Banco Central.
4.- Madurez provisional: Llegará el momento en que los chilenos, con la informaron y la capacidad de análisis suficientes, podremos tomar decisiones que resulten clave para nuestra futura pensión, aunque siempre sujetos a límites legales; en un contexto donde también aumentará el componente voluntario de ahorro.
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