NO MÁS CASAS DEL ESTADO

El Estado –no sólo el nuestro- ha demostrado ser un actor poco eficaz en la tarea de dar casa a los que no la tienen. Luego de los cortes de cinta aparecen los naylons, los calafateos, al año siguiente los recubrimientos de zinq, que en el mejor de los casos será prepintado. En el peor, la única solución es la demolición.

En cambio, cuando un ciudadano compra una vivienda libremente
–en vez de ser asignada por un funcionario detrás de una ventanilla del ministerio- puede elegir la comuna, sector, barrio, condominio, edificio, e incluso la unidad que mejor le satisfaga, y en caso de incumplimiento el problema será entre dos particulares.

Si el propietario primer vendedor es, en cambio, el Estado, el servicio de postventa, la posibilidad de querellarse o alguna otra forma de expresar inconformidad queda sujeta a la posibilidad de llegar a la oficina del ministro o de aparecer ante las cámaras de los noticiarios.

Por lo tanto, teniendo presente que el Estado destina una cantidad “x” de recursos por cada tipo de familia, proponemos asignar esos mismos montos a la manera de bono o cheque exclusivamente para la vivienda, documento que les permitiría pagar la compra de un bien raíz.

De esta forma, las familias podrán elegir libremente su comuna, barrio y unidad de residencia, evitando la disgregación de los clanes familiares, los vínculos ciudadanos, las relaciones sociales, etcétera. Se evita que el Estado deba asumir el costo de las obras de reparación y se permite que la familia decida si prefiere hacer un esfuerzo extra para adquirir una vivienda más grande o de mejor calidad o si, por el contrario, prefiere restringirse y utilizar el excedente para mejorar la calidad de las terminaciones.

Mientras más pequeño el aparato estatal, mientras menos burocracia sea necesaria para servir a nuestros clientes, mientras más sea el Estado un juez y menos parte, distribuirá los mismos pesos por familia, pero disminuirán sus gastos administrativos y aumentará la confianza de los ciudadanos.